Jueves 29 de Febrero de 2024
La Cooperativa de Servicios de Agua y Alcantarillado de Tarija (Cosaalt) está en el ojo de la tormenta. Las críticas surgen por las deficiencias en el manejo administrativo, por no priorizar el destino de sus recursos económicos y no transparentar información. La Gerencia no da explicaciones, pero el Consejo de Administración defiende la labor que se viene realizando.
Los cuestionamientos
El asambleísta departamental por Unidos, Aníbal Rodríguez, manifestó que Cosaalt está pasando por una serie de complicaciones, las cuales han sido reveladas en estos últimos meses. Recordó, por ejemplo, el cobro de 1,50 bolivianos en la factura, sin conocimiento del socio; lo otro, fue la multa de 2,7 millones que fue impuesta por la Gobernación por infracciones administrativas.
A esto se suma la licencia de operaciones de Cosaalt, con la que no cuenta desde hace dos meses. Recientemente, las críticas tienen que ver con la contratación de una empresa consultora Roivor por 1,5 millones de bolivianos para la implementación del servicio integral y mapeo de prioridades.
Rodríguez dijo que el trabajo de fiscalización a Cosaalt se ha tornado difícil, ya que los argumentos de dicha institución es que sería un ente privado. Sin embargo, la autoridad señala que al recibir recursos económicos del Gobierno Municipal de Tarija y la Gobernación, tiene que mostrar predisposición con la transparencia de la información.
“Sobre este último caso con Roivor, han realizado un contrato por excepción de un servicio de mapeo de prioridades y un sistema integral por 1.560.869 bolivianos, y este contrato se constituye en tres fases, la primera es el mapeo de prioridades y las dos subsiguientes es el sistema integral que incluye el sistema de facturación”, detalló.
La autoridad señaló que para la primera fase se ha invertido 697.826 bolivianos, se ejecutó el primer pago por 314.000. Frente a esta situación, es que han procedido a consultar a Cosaalt para que explique qué significa el mapeo de prioridades, y logran averiguar que es para identificar proyectos, programas y tareas de la institución. “Nos llama la atención que se haya pagado casi 700.000 para esta tarea”, dijo.
Rodríguez indicó que este trabajo debió entregarse el 10 de enero de la presente gestión, sin embargo, ha podido tomar conocimiento que no se ha cumplido lo establecido en el contrato.
El legislador departamental manifestó que ha intentado coordinar tareas con el Consejo de Administración, pero que no ha tenido respuesta. Sin embargo, con el gerente de Cosaalt, José Luis Patiño, acordaron reunirse la siguiente semana, oportunidad en la que prevén abordar estos temas.
Cosaalt responde
La presidente del Consejo de Administración de Cosaalt, Fabiola Ríos, señaló que el asambleísta departamental no es la autoridad competente para realizar el control dentro de la Cooperativa, ya que existe un ente fiscalizador como la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) y la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (Afcoop), instancias encargadas de solicitar informes y planes de trabajo.
Ríos recalcó que por disposiciones nacionales, es que se ha exigido a Cosaalt implementar un sistema de facturación electrónica. Sin embargo, dejó en claro que su persona no justifica la contratación de la empresa consultora por ese monto económico.
“Entiendo que hay una exigencia por parte de Impuestos Nacionales para que se complemente un sistema de cobro digital dentro de la Cooperativa, pero no considero que un asambleísta venga a cuestionar de esta manera, con una desinformación, manejando datos erróneos con relación a contrataciones que vaya a realizar Cosaalt”, mencionó.
Ríos aseguró que esta contratación viene de la anterior gestión. Empero, enfatizó que a la fecha está aguardando un informe de supervisión y a partir de ahí determinar las acciones que corresponden.
“El asambleísta ha acudido en dos oportunidades a solicitar información, sobre los estados financieros, pese a que ni siquiera es asociado se le proporcionó la información solicitada, pero posteriormente sale a los medios de comunicación y señala que nunca se le brindó información”, cuestionó.
Plantean recurso jerárquico por multa
Frente a la multa de 2,7 millones de bolivianos impuesta por la Gobernación, la presidente del Consejo de Administración, Fabiola Ríos, detalló que en diciembre de 2023 se ha interpuesto un recurso jerárquico ante el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ya que sería la autoridad competente para pronunciarse. Enfatizó que esta entidad tiene 90 días de plazo para pronunciarse al respecto.
En cuanto a la licencia ambiental, Ríos refirió que se van a asumir algunas acciones, ya que la Cooperativa actuó en los plazos establecidos, pero la Gobernación demoró en dar respuesta.
“Hemos vuelto a emitir el informe el 19 de enero para que la Gobernación vuelva a valorar este trámite y nos pueda otorgar la licencia ambiental. Sin embargo, resulta que la Secretaría de Medio Ambiente está sugiriendo inspeccionar algunos espacios, entre ellos el Rincón de la Vitoria”, dijo.
El País
