INFOMEDIA/PRENSA FGE
La Fiscal Departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó este jueves, que en audiencia de juicio oral, el Ministerio Público demostró con pruebas contundentes que Adrián Oliva Alcazar, exgobernador de Tarija, es autor del delito de Incumplimiento de Deberes por no haber cumplido una sentencia de amparo constitucional a favor de la empresa CONBOLAT, por lo que la autoridad del Juzgado de Sentencia Tercero, determinó dos años de privación de libertad a cumplirse en el penal de Morros Blancos.
“Durante la audiencia, la Fiscalía presentó todos los elementos probatorios colectados en la etapa preliminar que demuestran la culpabilidad de Adrián Oliva como la sentencia de acción de amparo constitucional, el auto interlocutorio de cumplimiento a sentencia constitucional, el memoriales presentados por la víctima, declaraciones testificales, entre otras pruebas que fueron valoradas por la autoridad jurisdiccional que determinó la sentencia de dos años de cárcel para el sindicado, inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por cinco años, además de la cancelación de costas y costos por daños y perjuicios a la víctima”, sostuvo Gutiérrez.
Por su parte la Fiscal asignada al caso, Adriana Flores Alcon, recordó que el año 2016, la Gobernación, durante la gestión de Adrián Oliva, sancionó mediante el SICOES a la empresa unipersonal CONBOLAT, encargada de la supervisión de la construcción del Hospital Materno Infantil, impidiendo que la misma pueda adjudicarse a otros contratos, además de retener la garantía de 58 mil bolivianos.
Ante esta situación el representante legal de la empresa, Abrahán R.A.T., presentó una acción de amparo constitucional y el 14 de noviembre del mismo año, el Tribunal de Garantías emitió la sentencia a favor de CONBOLAT.
Los Vocales de la Sala Social Administrativa y Contenciosa Administrativa Única del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, ordenó al Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, que en un plazo de 24 horas deje sin efecto la sanción en el SICOES, la liberación de la garantía, entre otros, sin embargo, la determinación judicial fue incumplida.
Tras conocer esta sentencia contra la ex autoridad, los seguidores y ex autoridades de la gobernación, se manifestaron a través de redes sociales, calificando a esta resolución judicial de política, que tendría el fin de anular políticamente a Oliva.
